El diputado Nacional y el ministro de la Producción del Gobierno de La Pampa decidieron acordar la presentación, por parte del legislador pampeano, de un proyecto de ley que pretende fortalecer el arraigo rural de familias de pequeños y medianos productores, destinando fondos nacionales y de las provincias que adhieran al programa.

A tal efecto se incorpora un nuevo Capítulo en la Ley N° 26737 que aprueba un Régimen de Protección de Tierras Rurales que tiene como principal objetivo evitar la extranjerización de las mismas.

Mediante la incorporación del nuevo Capítulo, el proyecto de Ley crea el Programa Nacional de Prevención de Unidades Productivas Rurales Familiares con el objetivo de “implementar condiciones notariales, instrumentales, de financiamiento e impositivas para posibilitar a pequeños y medianos productores rurales copropietarios indivisos la adquisición de cuotas partes de esos inmuebles, fomentando arraigo territorial”.

Es bien sabido que las empresas familiares rurales son una de las columnas vertebrales de la economía del país, como así también, de la consolidación del arraigo y las tramas socio-culturales en los territorios. Se estima unas 220.000 EAPs familiares en el país. En consecuencia, toda política de Estado que apoye la sostenibilidad, crecimiento y desarrollo de esta tipología de modelo socio-económico es estratégico.

Actualmente la legislación sucesoria genera -más allá de defender los derechos de los herederos- la disolución o la atomización automática de la explotación familiar, siendo el motivo más relevante el valor de la tierra para aquel heredero que quiere continuar con la actividad e intente comprar las cuotapartes de otros herederos no interesados.

La falta de incentivos y herramientas para que ese heredero continúe con la explotación de sus antecesores deviene invariablemente, ante la inviabilidad económica de la explotación de superficies menores, en que esas tierras son compradas por dueños de grandes extensiones, destrozando la familia rural y despoblando nuestro inmenso territorio.

Por ello la aprobación de este proyecto significará que los predios rurales cuya superficie no superen a la establecida como unidad económica, quedan en manos de uno o más de sus copropietarios ante el proceso sucesorio.
Por tal motivo se implementa, entre otras medidas, una línea de crédito a tasa blanda con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses. Este será un nuevo tipo de colocaciones financieras que realiza el organismo nacional, como ya lo ha hecho al prestarle dinero a otras actividades económicas, entre ellas a terminales automotrices para fabricar nuevos modelos.

Asimismo, las provincias que adhieran a este programa, deberán destinar un aporte propio destinado a subsidiar la diferencia de tasa del crédito y el promedio anual de rentabilidad del Fondo del Anses que garantice la sustentabilidad del sistema jubilatorio.

Se prevé un plazo de amortización del crédito de hasta 20 años, con un período de gracias de 3 años.

Moralejo y Ziliotto